Desde la promulgación de la Ley 9146 y su Decreto Reglamentario 1374/2019, ya han sido coprocesadas más de 2.400 toneladas de neumáticos fuera de uso.
La sanción de la Ley 9146 y su Decreto Reglamentario 1374/2019 permitieron que exista un marco legal para evitar esta quema a cielo abierto. A la vez, dar una respuesta a la disposición final de los neumáticos usados, como un residuo sólido susceptible de ser incinerado en dispositivos que garanticen su combustión con el mínimo impacto de sus emisiones a la atmósfera y reducido residuo de cenizas.
La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial recuerda a los ciudadanos que está prohibida la quema de neumáticos para cualquier fin, ya que esta actividad produce una significativa contaminación ambiental además de riegos de incendios y no tiene ningún efecto real sobre las heladas.
La quema de neumáticos fuera de uso (NFU), por diversos motivos, tiene impacto negativo sobre la calidad del aire ambiente. Del mismo modo, el perjuicio de esta práctica se ve reflejado sobre la seguridad en el tránsito vehicular, cuando el humo reduce la visibilidad a baja altura sobre las rutas y calles cercanas a las quemas.
Uno de los motivos más difundidos de esta práctica en nuestra provincia se produce en fincas de cultivos de frutales, para evitar que las heladas tardías dañen la producción. Este fenómeno se produce en Mendoza generalmente en agosto, setiembre y principios de octubre.
El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, declaró: “Estamos hablando de una gestión ambiental decisiva que quita de circulación una enorme cantidad de neumáticos que algunos productores del área rural usan erróneamente para quemas, con todos los efectos adversos que esto ocasiona al ambiente. Por otra parte, los neumáticos fuera de uso terminan acumulándose en basurales o se transforman en depósitos de agua generando la proliferación de insectos que transmiten enfermedades peligrosas. Mendoza es la primera provincia del país en dar tratamiento y disposición final al 100% de este residuo”.
En la provincia están habilitados dos operadores para el tratamiento y el reciclado de los neumáticos fuera de uso: Holcim y Ecocuyum.
“Holcim emplea los neumáticos como fuente de alimentación de los grandes hornos que producen el cemento, es decir, lo transforma en energía. Y la empresa de Godoy Cruz Ecocuyum realiza una molienda completa del caucho de los neumáticos. Con este material molido se fabrican baldosas especiales y otros implementos para la vía pública. También se lo usa como insumo para alivianar el asfalto”, agregó Mingorance.
La norma legal establece además que los municipios deben adaptar sitios de acumulación transitoria que servirán de transferencia, hasta su tratamiento en la planta de disposición final. Desde la sanción de la mencionada ley, la Dirección de Protección Ambiental ha venido cumpliendo con la tarea asignada de la gestión en el relevamiento y control de estos residuos.
Por su parte, la directora de Protección Ambiental, Miriam Skalany, detalló: “La Dirección de Protección Ambiental, en su accionar como respuesta a denuncias por las emisiones durante la quema de NFU para la lucha contra las heladas, durante 2021 realizó las inspecciones correspondientes y se aplicaron los términos de la ley, determinándose en algunos casos la aplicación de las multas previstas por su incumplimiento. Estas acciones dieron lugar a que algunas fincas en las que se realizaban estas prácticas se comunicaran con la DPA para asesorarse sobre el tema y que las inspecciones posteriores pudieran advertir a quienes poseen acumulación de neumáticos fuera de uso por diversos motivos, sobre la existencia y aplicación de esta nueva norma legal”.
Desde la promulgación de la ley a la fecha, a través del trabajo conjunto de la DPA con Holcim y Ecocuyum, se han coprocesado más de 2.400 toneladas de neumáticos fuera de uso.
¿Por qué hay que evitar la quema de neumáticos?
El efecto nocivo causado por la quema de neumáticos puede dividirse en dos: uno sobre las personas y otro sobre el ambiente.
El Programa Regional Ambiental para Centroamérica, con sede en Guatemala (Sigma: Sistemas de Gestión para el Medio Ambiente), ha señalado que “la quema de llantas a cielo abierto provoca graves problemas ambientales, ya que produce emisiones de gases que contienen contaminantes carcinogénicos (causan cáncer) y mutagénicos (problemas en desarrollo de bebés) como los compuestos orgánicos volátiles (COV) e hidrocarburos. Estas quemas representan un peligro para la salud, a corto plazo (agudo) y crónicos significativos a los residentes y trabajadores próximos, incluyendo: irritaciones de la piel, irritaciones de los ojos, irritaciones del sistema respiratorio y de las membranas mucosas, la depresión del sistema nervioso central, cáncer, y efectos mutagénicos, como por ejemplo defectos físicos, abortos, o cáncer al nacimiento.
Por otra parte, los químicos que se generan por estas quemas también representan un peligro para el ambiente. Los efectos dañinos de esta contaminación son, entre otros: la lluvia ácida, el calentamiento de la atmósfera, las inversiones térmicas y el adelgazamiento de la capa de ozono.
La Ley Provincial 9143
Esta ley crea el Plan de Manejo Sustentable de Neumáticos Fuera de Uso. Contempla, entre otros puntos, la prohibición de quemar estos residuos en cualquier ámbito, ya que esta actividad conlleva contaminación ambiental y riesgos de incendios. Es por eso que el Gobierno provincial recuerda esta normativa a la ciudadanía para prevenir cualquier incidente de carácter ambiental.
Por otro lado, el uso de fuego como herramienta de limpieza está prohibido por la Ley Provincial 6099. Cada vez que se inicia un incendio forestal, se pone en juego la biodiversidad y el patrimonio ambiental de nuestra provincia. Una de las razones por las que estos siniestros se generan es por el uso ilegal de fuego para limpieza de acequias, canales y lotes.
En el caso que la combustión de los neumáticos desencadenase un incendio de mayores proporciones, el responsable podría ser juzgado a través del Código Penal, que prevé de 3 a 20 años de prisión o multas económicas, dependiendo de los daños ocasionados por el incendio.