Para la jueza Patricia Fox, el pedido de amparo por parte de la CTA no acreditaba que la modalidad escolar haya aumentado los contagios y las muertes en la provincia.

Este martes, la jueza civil Patricia Fox rechazó un amparo que había solicitado la CTA para que sean suspendidas las clases presenciales en Mendoza.

“No se ha acreditado que la situación de mayores contagios esté vinculada de modo cierto con la actividad escolar”, sostuvo la magistrada a cargo del Segundo Juzgado de Gestión Asociada.

Desde el gremio aducían un reclamo apoyado en datos sobre la pandemia publicados en la página web del Gobierno provincial. Se referián a los aumentos de contagios en la franja etaria que va de los 15 a los 59 años y la letalidad de la enfermedad.

La jueza argumentó qué las clases presenciales no son responsables de los contagios en un rango de edades tan amplio. “Más del 83% son adultos mayores de 60, entre los que no se encuentran no los docentes en actividad ni los alumnos”, explicó Fox

El titular de la CTA, Gustavo Correa, había presentado el amparo con el patrocinio de los abogados Mauricio Guzmán y María Florencia Ayala.

Por el lado de la DGE respondió el director de Asuntos Jurídicos, Sebastián Boulin, quien especificó que conforme las estadísticas, “no surge acreditado que se encuentre en riesgo la salud producto de la presencialidad educativa”.

Por su parte, el fiscal de estado, Fernando Simón sostuvo que el amplaro era “improcedente” ya que  “no han producido aumentos de contagios significativos” en estudiantes por clases presenciales.


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