Un total de 8.510 casos de vulneración a los derechos fundamentales, incluyendo a 1.315 menores de edad y 1.559 mujeres; 6.057 denuncias de apremios ilegítimos; 363 situaciones de violencia sexual, incluyendo violaciones y abusos sexuales; 3.219 lesionados por armas de fuego, 615 casos de lesiones de gravedad y 411 personas con lesiones oculares. Hasta ahora, ningún agente del Estado condenado por los hechos, acontecidos durante el llamado “estallido social”.

Las cifras son recogidas por un nuevo Informe sobre “Cifras de la Violencia Institucional”, elaborado por la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Delitos Sexuales y Violencia de Género de la Fiscalía Nacional, fechado el 15 de julio pasado, y que contempla denuncias en el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el pasado 31 de marzo. La fuente corresponde a los casos ingresados al Sistema de Apoyo a Fiscales del Ministerio Público.

El cuadro que devela la envergadura de las cifras y la contundencia de los antecedentes es necesario que sea aprehendido a partir de la persistencia del Gobierno de Sebastián Piñera de desestimar la existencia de violaciones generalizadas a los derechos humanos durante la revuelta social, contradiciendo los informes de organismos como Amnistía Internacional, generando polémica sobre el carácter sistemático o no de los casos de vulneraciones a los derechos humanos, a poner todo el foco en el caos y la violencia del “enemigo poderoso e implacable”, y llegando el Mandatario a sostener que había videos falsos y fabricados en el exterior para intentar presentar una situación de abusos en Chile.

Todo ello, mientras la derecha y la ultraderecha se dedicaban, en las alcantarillas del odio, a criticar la supuesta debilidad de las autoridades y denunciar una presunta asimetría entre la flexibilidad que existiría para los autores de desmanes versus la diligente condena, dicen, que se generaría frente a los efectivos de las fuerzas de orden y seguridad.

El Informe de la Fiscalía Nacional establece que fueron 8.510 los casos ingresados al sistema durante el período, de las cuales 1.315 eran denuncias por menores de edad y 7.178 por adultos, aparte de 17 casos sin antecedentes. Respecto al género: 1.559 fueron mujeres, 6.942 hombres y nueve sin información.

Según lo documentado, la vía pública, con 6.161 casos, fue el lugar con mayor cantidad de denuncias. Las comisarías, brigadas o recintos militares quedaron en segundo lugar con 772; los carros policiales en tercera posición, con 396; seguidos por locales del comercio (130), domicilios de las víctimas (85) y otros casos (79). No existe información respecto de esta materia específica en 1.357 circunstancias. El reporte incluyó casos con múltiples lugares de comisión de los hechos ilícitos.

De las detenciones, 6.057 reportaron apremios ilegítimos, 1.849 abusos contra particulares; 684 otros delitos comunes y 191 torturas. A ellos se suman los siguientes casos de violencia sexual: 258 desnudamientos; 67 hechos constitutivos de abuso sexual con contacto; 27 amenazas de cometer delitos sexuales en contra de la víctima y 12 hechos constitutivos de violación o abuso sexual agravado.

Respecto a las consecuencias físicas, hubo 3.219 lesionados por armas de fuego, y 411 con lesiones oculares y 615 casos de fracturas, traumatismos encéfalo craneanos y lesiones de gravedad.

A Carabineros apunta la mayoría de estas denuncias, con 6.369. El Ejército, en tanto, tiene 307; la Policía de Investigaciones, 134; la Armada, 27; y 30 en la categoría otros. En cuanto a las personas denunciadas, 419 son carabineros, 30 detectives, 13 militares, cuatro de la Armada y otros dos casos, llegando a un total de 466 agentes del Estado.

Sobre el origen de la investigación, se detalla que 5.645 fueron denuncias de la víctima u otra persona o institución ante la Fiscalía u organismos policiales; 1.795 correspondieron a denuncias de la víctima en audiencia de control de detención, 800 fueron resultados de querellas, 168 fueron de oficio por el Ministerio Público, y existen 102 casos sin información.

Un reciente reporte publicado por “El Desconcierto” develó otros antecedentes. “De 1.962 querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en contra de agentes del Estado por hechos ocurridos desde el 18 de octubre a la fecha, solo una está en etapa de acusación”, se informó. Agregó: “A nueve meses del estallido social, ¿cuántos de esos agentes involucrados en delitos como mutilaciones, torturas, violaciones y muerte fueron condenados? Ningún condenado hasta el momento”.

Mientras tanto, casi 500 civiles permanecen privados de libertad, poco menos de la mitad con arresto domiciliario, acusados por de haber incurrido en delitos durante las protestas.

El cuadro muestra que Amnistía Internacional no exageraba cuando en noviembre de 2019, con la revuelta social en pleno desarrollo, emitió un rigoroso informe que concluyó que en Chile se habían cometido violaciones a los derechos humanos durante el estallido social y que se usó excesivamente la fuerza con la intención de “castigar” a los manifestantes. La entidad humanitaria dijo las violaciones a los derechos humanos “no son hechos aislados o esporádicos”, sino que respondían a un patrón y mostraban un “grado de coordinación”.

Todo ello da cuenta de la necesidad de emprender reformas de doctrina e institucionales en materia de orden y seguridad pública, como parte clave de los desafíos pendientes en democratización del país. Pero también será necesario enfatizar, una vez, en la necesidad de la memoria y no olvidar, así como en el imperativo de verdad, justicia y castigo para los responsables.