La industria y el comercio reabrieron y operan casi en su totalidad en la mayoría de las provincias, según un informe oficial. Son 21 provincias que tienen más del 75 % del empleo privado habilitado para trabajar.
Según el informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, hasta principios de junio, 15 provincias tenían ya más del 80 % del empleo habilitado, mientras que otras seis contaban con entre el 75 % y el 80 % de los trabajos en funcionamiento. Paralelamente, el relevamiento mostró que la industria manufacturera está plenamente habilitada en casi todo el país, salvo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y que la actividad comercial está habilitada en el 95 % en 20 provincias.
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La Ciudad de Buenos Aires (CABA), la Provincia de Buenos Aires (PBA) y Chaco son los tres territorios que más restricciones al empleo y a la producción tienen, debido a que son las más afectadas por la pandemia de COVID-19. Este no es un dato menor, ya que en el AMBA se concentra gran parte del producto generado en Argentina.
Los otros aspectos que tuvieron un carácter esperanzador fueron la desaceleración de la inflación de los precios de alimentos en supermercados, que pasó del 2,5 % en marzo al 0,8 % en mayo, las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas, y el crecimiento en las exportaciones de productos primarios. El centro de estudios destacó, además, que la gradual puesta en marcha de la economía también se reflejó en otros indicadores, como el consumo de energía en las plantas industriales que, según Cammesa, se recuperó en la mayoría de los sectores, aunque “todavía permanece por debajo de los niveles precuarentena”.
A modo de ejemplo, el consumo energético en la industria automotriz, en comparación con la etapa previa al aislamiento, aumentó desde el 33 % registrado en la primera quincena de mayo hasta el 68 % contemplado a principios del mes en curso. En el mismo sentido, en la siderurgia pasó del 20 % al 72 %.
A pesar de los alentadores indicadores, el informe aclaró que las secuelas de la pandemia ya comenzaron a sentirse. Esto se percibió al observar que, entre febrero y abril, alrededor de 15 mil empresas dejaron de presentar declaraciones juradas de seguridad social ante AFIP, con una incidencia relevante del sector de hoteles y restaurantes.
Además, en marzo se redujeron 48 mil puestos de trabajo asalariado formal, lo que significó una caída mensual del 0,8 %, la mayor disminución desde la crisis de 2002. De acuerdo al análisis del CEP, esto no se produjo por despidos, sino por ausencia de nuevas contrataciones, que no lograron compensar las bajas por renuncias o finalización de contratos. En ese marco, el Ministerio de Producción resaltó la importancia de los programas de asistencia estatal para evitar un aumento de la pobreza y sostener los ingresos de las empresas afectadas por la paralización económica.
En cuanto a la ayuda a las empresas, se destacó que 2,34 millones de ocupados que trabajan en alrededor de 245 mil empresas cobraron sus salarios de abril a través del programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP) mientras que, para los salarios de mayo, se aprobó este beneficio para 242 mil empresas que emplean a 2,04 millones de trabajadores.
Frente al deterioro de la actividad económica, la inversión y el empleo, el centro remarcó la importancia de que se haya retomado la actividad en la mayor parte del país. “Si abril será recordado como el mes con caídas récord en la mayoría de los sectores productivos, mayo se caracterizó por la puesta en marcha de buena parte del aparato productivo”, sostuvo el CEP. Al respecto, aclaró que en la gran mayoría del país la reapertura fue pronunciada, aunque en el AMBA se dio a un ritmo menor debido a las evidentes dificultades para controlar la pandemia.
Fuente Unidiversidad
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