Se pautaron responsabilidades y trabajos interinstitucionales en el marco del reasentamiento de los grupos familiares que se ven afectados por la traza de la doble vía proyectada a San Juan.
Esta martes, el Instituto Provincial de la Vivienda, la Dirección Nacional de Vialidad y la Municipalidad de Las Heras firmaron un convenio interinstitucional en el marco de la obra a realizarse denominada doble vía Ruta Nacional N° 40 Mendoza – San Juan.
Participaron de la firma la presidenta del IPV, María Marta Ontanilla; el intendente de Las Heras, Daniel Orozco; y el Jefe del 4° Distrito de la Dirección Nacional de Vialidad, Guillermo Amstutz.
El convenio establece una serie de cláusulas de responsabilidades y trabajos en conjunto, a fin de continuar con la tarea de relevamiento social de las familias ubicadas sobre los terrenos que ocupan la traza de la ruta proyectada y que años atrás fueron declarados de utilidad pública.
Para tal fin, se conformó una Unidad de Gestión compuesta por profesionales que estarán a cargo de llevar adelante las acciones asumidas por las distintas instituciones y trabajarán en forma conjunta a efectos de lograr el reasentamiento de los grupos familiares en los barrios que se construyen a tal efecto.
La Provincia, a través del IPV, se encuentra a cargo de la construcción de dos barrios en la zona de El Borbollón, compuestos por 135 viviendas (75 en zona urbana y 60 en zona rural), con el objeto de reasentar las familias afectadas por la obra de doble vía.
Las casas se encuentran en un importante avance: las urbanas estarían listas antes de fin de año, mientras que las rurales recién a mediados del 2021. Asimismo, el Instituto coordinará con el municipio de Las Heras para realizar los abordajes de los grupos familiares mientras se concluyen las soluciones habitacionales y constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente del IPV.
Abordajes territoriales
Las partes realizarán los abordajes territoriales necesarios de carácter social, técnico, urbano y ambiental sobre toda la traza de la futura obra y sus adyacencias, a fin de relevar los grupos familiares residentes, los inmuebles que ocupan y su relación real o dominial frente a los mismos. En especial toda medida que afecte a las familias, la comunidad y el territorio debe ser expresamente aprobada por el Municipio, tanto en general como en particular, que coordinará las intervenciones con el equipo social del IPV y DNV según corresponda.
En función de la obra adjudicada, la Vialidad Nacional, una vez que la zona a intervenir se encuentre total o parcialmente desocupada, tendrá a su cargo la custodia de la zona cicatrizada, a fin de mantenerla libre de ocupantes, teniendo presente que la obra en cuestión tendría inicio antes del 30 de noviembre de 2021, condicionada al presupuesto Nacional y a directivas que se reciban de Casa Central de la Dirección Nacional de Vialidad. Para ello, se compromete a realizar la limpieza y/o demolición de las construcciones existentes y colaborará conjuntamente con el Municipio en el traslado de muebles de las familias en cuestión.