El general Min Aung Hlaing asume el control de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La dirigente y Premio Nobel Aung San Suu Kyi, detenida, ha pedido a los ciudadanos que protesten.
Birmania ha amanecido con una estampa muy similar a la de hace medio siglo: soldados y tanques patrullando por las principales ciudades del país. En la capital, Naipyidó, las líneas telefónicas y el acceso a internet se cortaron, así como la señal de la televisión estatal. Unas pocas horas después, en la televisión propiedad del Ejército, anunciaban el estado de emergencia durante un año y prometió elecciones “pluralistas, libres e igualitarias” cuando termine este periodo. Los militares han tomado el poder y los principales líderes políticos que gobiernan desde 2015, como la popular consejera de Estado, Aung San Suu Kyi y el presidente Win Myint, han sido detenidos.
Es complicado que un país abrace una democracia completa si los resquicios de su antigua dictadura militar, amparados por una joven Constitución, tienen una cuarta parte de todos los escaños del Parlamento y, por decreto, al Ejército le corresponde el control de los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Fronterizos.
Después de estar bajo el yugo de una junta militar desde 1962 hasta 2010, Birmania intentó ser una democracia. O, al menos, algo que se le pareciera bastante. A priori, era buen síntoma que los ex presos políticos que levantaron el movimiento prodemocrático para luchar contra la dictadura, fueran los que ocuparan la cúspide política de la nueva era. Encima, sería una Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, que pasó casi 15 años detenida, la que lideraría ese cambio. El primer problema llegó cuando esos revolucionarios, una vez en el poder, apuestan por continuar con la represión y la censura en un sistema débil, cuya Constitución de 2008 otorga a los militares la capacidad de declarar el estado de emergencia y de asumir el poder estatal.
La reputación internacional de Suu Kyi (75 años), líder de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido gobernante, se desplomó ante su silencio por la represión contra los rohingyas que escandalizó al mundo entero. Para la líder son “simples problemas” lo que para la ONU es una “limpieza étnica” que dejó casi un millón de refugiados hace cuatro años. Suu Kyi incluso apoyó a los militares cuando fueron acusados de cometer genocidio en 2017.
En Birmania ha ocurrido lo que muchos presagiaban desde las pasadas elecciones de noviembre: un golpe militar. Suu Kyi proclamó una aplastante victoria del LND en los comicios, llevándose la mayoría absoluta, con 396 escaños en el Legislativo de los 476 que había en disputa. Sin embargo, la oposición, liderada por el Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (PSDU), con apoyo de los militares -que controlan el 25% de los 664 escaños en las cámaras alta y baja-, rechazó los resultados por presunto “fraude electoral”.
A mediados de enero, en Birmania los tanques empezaron a circular por las calles de Rangún, la ciudad más grande del país. Se empezó a hablar de un posible golpe militar. Algo que apuntaló la semana pasada el jefe del Ejército, el general Min Aung Hlaing, asegurando que no se podía descartar que los militares tomaran el mando.
La situación empezaba a tener muchos paralelismos con el primer golpe de 1962. Esta mañana, el Sudeste Asiático se ha levantado con la noticia de la detención de la Aung San Suu Kyi, y otros políticos de su partido gobernante democráticamente elegido en las urnas. Una redada masiva horas antes que se constituyera el nuevo Parlamento y que los diputados se sentaran en sus asientos durante la primera sesión.
Pero Aung San Suu Kyi ha ido a los ciudadanos que no acepten el golpe de Estado y que protesten. “Las acciones de los militares llevan de nuevo al país a la dictadura”, señala un comunicado publicado en redes sociales por la Liga Nacional para la Democracia (LND).
Un portavoz del LND, Myo Nyunt, explica por correo a este periódico que, además de Suu Kyi y del presidente, también fueron detenidos “con violencia y a punta de pistola” los ministros del partido, que representan a más de una docena de estados y regiones del país, fueron apresados a punta de pistola. “Sin duda es un golpe militar, pero para sacar conclusiones definitivas, hay que esperar a las negociaciones entre nuestros políticos y los militares”, cuenta Nyunt.
Tras la declaración del estado de emergencia, el poder del estado pasará a manos del general Min Aung Hlaing, quien tomará el control del poder legislativo, ejecutivo y judicial. El cargo de presidente interino lo ocupará Myint Swe, ex general que actualmente cumplía las funciones de vicepresidente.
Los militares insisten en que en las pasadas elecciones encontraron “8,6 millones de casos de fraude” y han exigido a la comisión electoral que publique las listas de votantes para su verificación. Este organismo, sin embargo, dice que no hay pruebas que respalden sus afirmaciones.
“La junta militar que gobernó Birmania durante décadas nunca se apartó del poder en primer lugar”, ha dicho este lunes John Sifton, director de defensa de Asia de Human Rights Watch. “En primer lugar, nunca se sometieron realmente a la autoridad civil, por lo que los eventos de hoy en cierto sentido solo revelan una realidad política que ya existía”.
Las detenciones del lunes por la mañana no sólo incluyen a líderes políticos. Según ha escrito en Twitter la activista rohingya Wai Wai Nu, también habrían sido arrestados en las redadas activistas estudiantiles. En VICE News han recogido las declaraciones de una activista, Thinzar Shunle Yi, que asegura que han detenido a varios de sus amigos. “Nos despertamos esta mañana con el golpe. Todo acaba de empezar. Las líneas telefónicas y algunos canales de televisión están caídos. No estamos seguros de lo que vendrá después “, cuenta Thinzar.
Las acciones de los militares han sido ampliamente condenadas a nivel internacional. “Instamos a las fuerzas armadas y a todos los demás partidos a adherirse a las normas democráticas y al estado de derecho, ya liberar a los detenidos hoy “, dice en un comunicado desde Washington la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien añade que Estados Unidos “tomará medidas contra los responsables si no se revierten estos pasos”.
En Tailandia, se han producido choques entre la policía y los manifestantes en contra del golpe de Estado del país vecino. Al menos dos personas resultaron heridas, según Reuters, en la protesta en las puertas de la embajada de Birmania en la capital tailandesa, en la que se reunieron al menos 200 personas. La policía también arrestó a dos personas.
También la Unión Europea (UE) ha condenado “enérgicamente” el golpe y ha defendido la transición democrática. “Condeno enérgicamente el golpe de Estado en Myanmar (Birmania) y pido a los militares que liberen a todos los que han sido detenidos ilegalmente en redadas por todo el país”, ha tuiteado el presidente del Consejo de la UE, Charles Michel, quien ha instado a “respetar el resultado de las elecciones y restablecer el proceso democrático”.
En parecidos términos se ha expresado el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, en su cuenta en la red social Twitter: “Condeno enérgicamente el golpe de Estado llevado a cabo por los militares de Myanmar y pido la liberación inmediata de los detenidos”.
Desde Australia, la ministra de Exteriores, Marise Payne, dijo que su gobierno australiano estaba “apoya desde hace mucho tiempo a Birmania y su transición democrática”. Payne ha hecho un llamamiento a los militares para que “liberen de inmediato a todos los líderes civiles y otras personas que han sido detenidas ilegalmente”.
También la ONU se ha pronunciado en un comunicado: “Las elecciones generales del 8 de noviembre de 2020 otorgan un fuerte mandato a la Liga Nacional para la Democracia (LND), lo que refleja la clara voluntad del pueblo de Myanmar de continuar por el camino duramente ganado de la reforma democrática. El Secretario General (Antonio Guterres) insta a los líderes militares a respetar la voluntad del pueblo de Myanmar y adherirse a las normas democráticas, y cualquier diferencia debe resolverse mediante un diálogo pacífico”.
Fuente El Mundo