Se trata de Andrés Di Césare, quien le reclama a la abogada de la víctima, Carolina Jacky, por llamarlo “femicida” en las redes sociales cuando solamente era un imputado con ese agravante.

El Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Mendoza aceptó iniciarle un sumario a la abogada querellante del juicio por el asesinato de Julieta González (21), a solicitud del condenado a 18 años en primera instancia por ese crimen que conmocionó a la provincia en 2016, en una decisión que es considerada un “escándalo” por la parte afectada.

El órgano encargado de administrar las matrículas en la provincia hizo lugar al reclamo de Andrés Di Césare (27), quien le reclama a la abogada Carolina Jacky haberlo llamado “femicida” en redes sociales cuando solamente era un imputado con ese agravante que finalmente no fue incluido en la sentencia, muy cuestionada por las organizaciones de mujeres por “falta de perspectiva de género”.

No obstante, ese fallo condenatorio producido por el Segundo Tribunal Colegiado de Mendoza el 18 de septiembre del año pasado, fue apelado también por la querella y la Fiscalía ante la Corte Suprema provincial para lo revise e incluya la figura de femicidio, lo que podría elevar la pena a 35 años.

Cuando me llegó la notificación, se me cayó todo porque es una lucha que no termina más: me pegan a mí y a través mío, a Julieta que murió a manos de este hombre, y a su mamá que no para de llorar”, dijo a Télam la abogada Carolina Jacky.

La letrada recordó que la justicia probó que el condenado “ahorcó a Julieta y le destrozó el cráneo con una piedra”, para después “tratar de ocultar las pruebas”.

“¡Y ese es el hombre que me denuncia a mí, siendo yo querellante en la causa, es decir, que tengo la función de denunciar y lo vengo denunciando de femicida desde que se inició el proceso!”, dijo.

El abogado de Jacky, Carlos Lombardi, calificó de “escándalo” la decisión e informó que ya pidió “la recusación en pleno al Tribunal de Ética por parcialidad manifiesta y violencia de género contra la abogada”, para que sea la propia Corte la que tome cartas en el asunto, dado que es quien tiene la competencia originaria en el manejo de la matrícula profesional,

“El Tribunal de Ética asume una posición absolutamente machista al darle curso a una denuncia en la que el declarado autor de un homicidio se ofende porque en el transcurso del proceso la abogada lo acusa de femicida: obvio que como querellante y trabajando codo a codo con la fiscalía asumió un rol acusatorio que finalmente terminó siendo cierto, porque la condena no fue por femicidio pero sí por homicidio”, dijo a Télam Lombardi.

Al darle curso a la denuncia de Di Cesare en lugar de archivarla, para Lombardi el comité de Ética “avala los patrones culturales y legales machistas, violentando la normativa internacional y generando también violencia de género para con esta abogada trans que representa a las víctimas y que lo único que ha hecho es difundir por las redes para concientizar”.