Se trata de Alejandro Scannapieco, ejecutivo de Globant. La jueza federal Cecilia Gilardi Madariaga de Negre dictó una medida cautelar para que la AFIP no aplique el tributo
Un juzgado de primera instancia suspendió por tres meses la aplicación del aporte a las grandes fortunas para uno de los 13.000 multimillonarios abarcados. El empresario, Alejandro Scanapiecco, fue director financiero de Globant, una de las compañías beneficiadas por la ley de la economía del conocimiento.
El fallo del Contencioso Administrativo Federal 8 hace lugar al pedido del integrante de la cúpula empresario y se opone a la ejecución de la ley nacional sancionada en el Congreso tras un extenso debate en ambas cámaras. La cautelar, catalogada por “escasos fundamentos” desde una parte del Gobierno, pondera a un empresario por sobre el interés público del cobro por única vez de una porción de los bienes del 0,2% de la población argentina.
La medida cautelar que tutela la fortuna de uno de los 13 mil individuos más ricos de la Argentina suspendió por tres meses la aplicación de la norma para esta persona. Además, cuestiona la legitimidad del aporte solidario y extraordinario sin realizar un análisis completo de los intereses subyacentes en la problemática implícita de la aplicación.
La ley del impuesto a las grandes fortunas, reglamentada el 30 de enero, contó con un escaso nivel de judicialización: apenas 6 contribuyentes con patrimonios que superan los 200 millones de pesos presentaron amparos para oponerse al pago del Aporte solidario y extraordinario.
Por el aporte solidario, las personas alcanzadas deben abonar desde el 2% de su patrimonio declarado en diciembre de 2019. La alícuota se eleva a tan solo el 5% cuando cuenta con bienes radicados en el exterior. Teniendo en cuenta que con la devaluación y las ganancias extraordinarias que amasó este 0,2% de la población desde ese momento, ya recuperaron con creces el monto que deben transferirle al Estado. Más aún, la tasación ante el fisco consiste en una muy inferior a la de mercado, por lo que no deben responder por la valuación “real”.