Por el delito de usurpación, Dolores podría enfrentar una pena que va de seis meses a tres años de prisión
Dolores Etchevehere se abstuvo hoy de declarar ante la Justicia entrerriana en la causa que se le inició por el delito de usurpación y desobediencia judicial, luego de haber ocupado y cedido la estancia familiar “Casa Nueva”, en la localidad entrerriana de Santa Elena.
“Consideramos que la causa de usurpación es un mamarracho que no admite el menor análisis jurídico serio, por eso se abstuvo”, dijo uno de los abogados de Dolores, Facundo Taboada, que también había sido citado.
Se trata de “una causa armada, como toda la historia que se armó alrededor”, aseguró, y comentó que el próximo lunes será citado a declarar, y también se abstendrá.
Para Dolores, el delito que le imputan “es un absurdo total”, sostuvo Taboada y agregó que de lo que se trata es de “una discusión familiar”.
“No hay usurpación ni desobediencia judicial, vamos a presentar papeles y otras cosas para demostrar eso”, completó.
Finalmente, el letrado aseguró que agotarán “todas las instancias” hasta llegar a la Corte Suprema de la Nación, que “de ningún modo va a admitir este mamarracho”.
En su imputación, el fiscal de La Paz, Oscar Sobko, sostuvo que Dolores, junto a otras 40 personas, ingresó a la estancia familiar y exigió la entrega de las llaves, a través de amenazas e intimidaciones a los trabajadores del lugar, usurpando las instalaciones y realizando trabajos en la tierra.
Según el fiscal, Dolores y quienes la acompañaban tenían “el conocimiento de carecer de derechos” sobre el establecimiento, donde “se ejercía la pacífica tenencia y explotación agrícola, tambera y ganadera”.
Además, Sobko solicitó registros a la Dirección de Inspección General de Personas Jurídicas provincial y a la Inspección General de Justicia de la Nación para determinar si existe y quiénes integran “Las Margaritas” Sociedad Anónima, propietaria de los terrenos.
Por el delito de usurpación, Dolores podría enfrentar una pena que va de seis meses a tres años de prisión; mientras que por desobediencia se estipula una de entre un mes y un año de prisión.
La jueza de Entre Ríos María Carolina Castagno había dispuesto para esta semana la declaración por videoconferencia, debido a la pandemia de coronavirus.
Luego de 14 días de conflicto, el pasado 29 de octubre la jueza dispuso el desalojo de la estancia, donde se encontraba Dolores Etchevehere junto a militantes del Proyecto Artigas, y ordenó el “reintegro en forma inmediata” del predio a los hermanos varones de la familia.
Tras el desalojo, Dolores Etchevehere fue escoltada por la policía hasta la salida del predio y trasladada a la Jefatura Departamental de Policía de La Paz, donde permaneció aprehendida hasta horas de la noche.