El proyecto de la diputada Cecilia Rodríguez (UCR) obtuvo media sanción por unanimidad y pasó al Senado para su aprobación definitiva.

El objetivo de este proyecto de Cecilia Rodríguez (UCR), que obtuvo media sanción de Diputados, es extender la capacitación a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que ejerzan como jurado en el marco de la Ley Nº 9.106. Se pretende que la formación a quienes ejercerán como jurados, sea desde una concepción del conocimiento integral en cuanto a la perspectiva de género como una parte fundamental del quehacer judicial. Pasó al Senado para su sanción final.

Esta iniciativa, que fue aprobada por unanimidad, busca incorporar el inciso e) al artículo 4° de la Ley 9.106, de juicios por jurado. Dicho artículo, establece una serie de condiciones para ser miembro de un jurado popular, entre las que se cuentan, según este proyecto, “cumplir obligatoriamente la capacitación en temática de género, debiendo acreditar tal condición mediante certificación que expida el Instituto Provincial de la Administración Pública o el organismo que en el futuro lo remplace”.

Por otra parte, dispone que el INAP dictará  capacitaciones gratuitas a quienes integren el listado principal de Jurados publicado en la página Web del Poder Judicial, debiendo establecer el cronograma  para que los seleccionados puedan realizar la capacitación exigida.

“La capacitación en igualdad de género y empoderamiento de las mujeres es un componente esencial del compromiso que han asumido los Estados en pos del avance de estos postulados, incorporando en todos los ámbitos del Estado la perspectiva de género, la cual implica una nueva mirada que visibiliza la construcción artificial que hemos hecho de “lo femenino y lo masculino” y que trae como consecuencia la superioridad y violencia de uno de los géneros por sobre el otro”, señala la fundamentación del proyecto.

En tal sentido, Cecilia Rodríguez indicó que “tiene que ver con ampliar las capacitaciones en la Ley Micaela, lo cual es importante porque si queremos  terminar con los femicidios y la violencia hacia las mujeres, tenemos que educar, generar empatía y solidaridad. Es por este motivo que planteamos incorporar estas capacitaciones a los juicios por jurado, porque  queremos que quienes sean jurados populares reciban capacitación en esta temática”.

Según señalan los fundamentos de esta propuesta que tuvo el aval de la comisión de LAC, “la capacitación para la igualdad de género es un proceso de transformación que tiene como objetivo proporcionar conocimientos, técnicas y herramientas para desarrollar habilidades, cambios de actitudes y comportamientos. Es un proceso continuo y de largo plazo que requiere la voluntad política y el compromiso de todas las partes con el fin de crear sociedades inclusivas que promueven la igualdad de género”.

En la Argentina ese compromiso se vio reflejado con la Sanción de la Ley Nº 27.499,  “que establece la sensibilización y capacitación de las personas que hacen parte del Estado en temas de género y violencia contra las mujeres. Es un mandato constitucional. La Provincia de Mendoza adhirió a la normativa nacional mediante el dictado de la Ley n° 9.196”, agrega el texto.

“Para disminuir la violencia de género en nuestra provincia se requieren diversas medidas, una de las más importantes es la capacitación por parte del Estado, siendo una herramienta fundamental. En nuestro país muere una mujer cada 27 horas.

La Ley Micaela implica la formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública de todos los Poderes del Estado sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones”, subrayan los autores, por lo que el objetivo ahora, es “extender la capacitación a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que ejerzan como jurado en el marco de la Ley Nº 9.106”.

Finalmente destacan que “quienes integren los Jurados Populares deben tener conocimiento de aquellas buenas prácticas e incorporar la perspectiva de género en el juzgamiento de los hechos denunciados, en la valoración de las pruebas y en la interpretación del derecho en general. 



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