Fernández propuso que el Congreso ejerza un “control cruzado” entre los distintos poderes del Estado
Mientras el presidente Alberto Fernández apoya la iniciativa anunciada hoy por el senador ultrakirchnerista Oscar Parrilli para crear una comisión bicameral en el Congreso Nacionaldedicada a controlar a los jueces, la oposición se mostró con una posición contraria y argumentó que “lo que plantea (Oscar) Parrilli es un apriete político, una caza de brujas”.
El primer mandatario avala el resorte para poner en marcha el control de los jueces, e informaron que encomendó al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, trabajar en este sentido.
Ayer, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el Presidente dejó de lado la moderación y se mostró en sintonía con la vicepresidenta Cristina Kirchner, en especial, en su pelea con la Justicia Federal y la Corte Suprema. En esa línea, Parrilli anunció, en diálogo con radio El Destape, que impulsará la creación de una comisión bicameral en el Congreso para investigar e interrogar a magistrados. Según señaló, la iniciativa se basa en el planteo del Presidente durante la apertura de sesiones ordinarias.
“El Presidente, lo que dijo, es que el Poder Legislativo tiene que asumir el rol que le corresponde de control de los poderes y sugirió la creación de una comisión bicameral que se encargue precisamente de analizar, estudiar, discutir y poner en la muestra de la gente que la sociedad vea cómo está actuando el Poder Judicial y qué cambios hay que hacer para tener una Justicia independiente que falle en base a las pruebas y no responda a la presión de nadie”, sostuvo Parrilli.
Alberto Fernández le pidió al Congreso que trate y apruebe dos proyectos de reforma judicial que cuentan con media sanción del Senado y que son resistidos por la oposición. Uno es la reforma al fuero federal en el que amplía la cantidad de juzgados de Comodoro Py, donde se investigan las causas de corrupción, con la unificación del fuero penal económico y una parte de la Justicia nacional de instrucción. “Con eso estaríamos dando un primer paso en favor de mejorar la administración de justicia”, sostuvo.
Lo mismo planteó con la reforma al Ministerio Público Fiscal que aprobó el Senado y está en Diputados. Allí se busca ganar con una mayoría simple de votos la elección del procurador general y su destitución. El Presidente no hizo referencia a la postulación del juez Daniel Rafecas como jefe de los fiscales. Fernández lo propuso en diciembre de 2019, apenas asumió, y desde entonces su pliego está congelado.
El mandatario también anunció que a lo largo del año enviará al Congreso proyectos basados en las recomendaciones que le hizo la comisión de juristas que convocó para analizar el funcionamiento de la Justicia.
Una de esas iniciativas, adelantó, será la creación de un Tribunal Federal de Garantías que estará por debajo de la Corte Suprema “que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario”. Y agregó: “De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”.
La decisión implica que el máximo tribunal solo intervendrá cuando se plantee la inconstitucionalidad de alguna norma y el nuevo tribunal en los restantes aspectos, entre ellos, las apelaciones por condenas penales. La creación de ese tribunal será consultada con los gobernadores del país.
Otro será la revisión del artículo 280 Código de Procedimientos Civil y Comercial. Se trata del articulo que le permite a la Corte Suprema rechazar cualquier pedido por considerarlo arbitrario. Fue el que utilizó para confirmar la condena al ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, lo que generó críticas en el oficialismo.
También anunció una reforma en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de los jueces nacionales y federales. “Debemos despolitizar ese ámbito, para que los mejores y más capaces magistrados lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”, sostuvo. El Consejo está integrado por 13 miembros, de los cuales siete son representantes de la política.
Por último adelantó que enviará al Congreso un proyecto para aplicar el juicio por jurados para delitos federales. Eso significa que la culpabilidad o inocencia en causas como corrupción, narcotráfico y otros delitos de crimen organizado será decidida por ciudadanos. El juicio por jurados se aplica en varias provincias pero nunca a nivel federal a pesar de que está en la Constitución Nacional desde 1853.
La postura de la oposición
Juan Manuel López, ante la consulta de Infobae, criticó esta iniciativa. “El control que hace el Congreso del Poder Judicial no es así, lo que plantea Parrilli es un apriete político, una caza de brujas. El control del desempeño de los jueces está previsto en la Constitución y es a través del Consejo de la Magistratura y en el caso de los jueces de la Corte, del Congreso, pero siguiendo lo que dice la Constitución y los reglamentos”.
En la misma línea, Pablo Tonelli, diputado de Juntos por el Cambio y representante ante el Consejo de la Magistratura, consideró a este medio que “todas las iniciativas que el presidente Alberto Fernández anunció son para amedrentar a los jueces, controlarlos para que decidan según las directivas que se impartan desde el Gobierno”.
“La creación de una comisión bicameral es claramente un exceso y una violación a la división de los poderes establecidos en la Constitución; el Congreso ya tiene fijadas atribuciones de control, que son dos: el acuerdo que el Senado tiene que dar antes de las designaciones de los jueces y, en el caso de los jueces de la Corte Suprema, el juicio político que puede impulsar Diputados. El resto de los magistrados están sometidos al control del Consejo de la Magistratura”, completó.
También consultado, Federico Angelini, diputado nacional y vicepresidente del PRO, expresó: “La mejor reforma del Poder Judicial que puede implementar el kirchnerismo es garantizar su independencia. Obviamente, el republicanismo es una materia que Parrilli y el kirchnerismo nunca aprobaron, pero más allá de eso, claramente esta injerencia que propone el Presidente en la Justicia camufla otras intenciones, vinculadas a frenar las causas judiciales que involucran a Cristina Fernández y que ya su gobierno no puede disimular ni ocultar, como le habrá pedido Cristina a Alberto como requisito para nombrarlo candidato a presidente. Están viendo que ese plan se les escurre y apelan a un mayor avance sobre el Poder Judicial”.
Mario Negri, presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, publicó en sus redes un mensaje en sintonía con el resto del arco opositor: “Parrilli quiere crear una comisión bicameral inquisidora de jueces y fiscales. Con evidente abuso de autoridad el kirchnerismo quiere atribuirse facultades que la Constitución Nacional le da al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento. Inaceptable, no pasarán”.
En tanto, Francisco Quintana, dirigente del PRO y vicepresidente primero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, señaló a través de las redes sociales: “El oficialismo no tardó ni 24 horas en proponer armar una comisión en el Congreso para interrogar a jueces y fiscales. Lo que ellos llaman ‘control’ es intromisión y persecución”.
Al argumentar su propuesta, Parrilli afirmó que el Presidente “lo que dijo es que el Poder Legislativo tiene que asumir el rol que le corresponde de control de los poderes y sugirió la creación de una comisión bicameral que se encargue precisamente de analizar, estudiar, discutir y poner en la muestra de la gente que la sociedad vea cómo está actuando el Poder Judicial y qué cambios hay que hacer para tener una Justicia independiente que falle en base a las pruebas y no responda a la presión de nadie”.
Las iniciativas del Gobierno en materia judicial no sólo fueron rechazadas por la oposición, sino también por la Asociación de Fiscales de la Argentina. “La reforma del Ministerio Público es un pelotón de fusilamiento para los fiscales”, analizó su titular, Carlos Rívolo, en declaraciones a radio Mitre.
Muchos especialistas creen que el kirchnerismo busca sancionar esa norma para correr de su puesto al actual jefe de los fiscales, el procurador interino Eduardo Casal, y limitar el poder de quien lo reemplace. Luego de asumir, Alberto Fernández había promocionado a Daniel Rafecas para ese lugar, sin embargo el juez federal adelantó que no asumirá si se modifica la norma y se imponen, entre otras cosas, modificaciones en la forma que se elige y se remueve al procurador.
“La iniciativa no es una reforma, ya fue muy criticada porque es invadida completamente por la política. La Justicia necesita una reforma, pero no una reforma coyuntural”, enfatizó Rívolo.
Fuente Infobae.