Luego de que se conociera que la pobreza en Argentina alcanzó al 40,9% de la población el ministro de Desarrollo Social rompió el silencio y sostuvo que “la salida de la pobreza tiene que ver con un modelo de desarrollo”.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró hoy que “hay una situación de nueva pobreza, de personas que cayeron por la pandemia, que amortiguó mucho el Estado, objetivamente, con muchas políticas sociales, sobre todo alimentarias y de ingresos, como el IFE”, tras conocerse el índice de pobreza de 40,9% correspondiente al primer semestre.
“Se ha amortiguado parte de la caída, pero tenemos una nueva realidad de que hay gente que cayó en la pobreza a partir de la pandemia; tenemos los nuevos pobres, gente que cayó en la pobreza durante la pandemia, y pobreza estructural, histórica”, explicó Arroyo en diálogo con C5N.
Para el funcionario, “la salida de la pobreza tiene que ver con el crecimiento económico y un modelo de desarrollo; pero hay mucho para encarar desde la política social, hay que hacer cambios estructurales para evitar que periódicamente la Argentina vuelva a ciclos tan complicados”.
Entre esos cambios estructurales, Arroyo señaló que la primera tarea es “rescatar a los que cayeron en la pobreza durante la pandemia, con trabajo; por eso pusimos en marcha el plan ‘Potenciar Trabajo’, con cinco ejes productivos: construcción, textil, producción de alimentos, economía del cuidado y el reciclado”.
Resolver el problema de la pobreza estructural, agregó, “tiene que ver con vivienda, y por eso hemos incorporado el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares) para urbanizar cuatro mil barrios, donde viven cuatro millones de personas, con espacios públicos, pisos de material, apertura de calles”.
Finalmente, indicó que otro tema clave es que “todos los chicos puedan ir a salas de 3, 4 y 5 años, porque si queremos achicar la igualdad tenemos que empezar por los más chicos”.
“En términos de recursos aplicamos $420.000 millones en este tiempo de la pandemia; todo el año pasado se destinaron a la política alimentaria $28.000 millones, mientras que este año, en ocho meses, fueron $80.000 millones; pero no sólo es el Estado, sino el Estado más las iglesias, las organizaciones sociales, las escuelas y el sector privado, que ha volcado recursos”, enfatizó.
“Tenemos una situación crítica pero estable porque se ha sostenido con muchos actores; la pandemia nos obliga a hacer cambios estructurales, no es con pequeñas políticas o programitas que salimos”, concluyó.