La subsecretaria de Políticas de Diversidad, Alba Rueda y la directora Nacional de Políticas Integrales de Diversidad Sexual y de Géneros del Ministerio de las Mujeres, Géneros y diversidad de la Nación (MMGyD), María Luciana Moreno, convocaron a la primera reunión de la Unidad de Coordinación Interministerial (UCI). La UCI es responsable de elaborar el Plan de Implementación del decreto 721/2020, que garantiza un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos en la Administración Pública Nacional para personas travestis, transexuales y transgénero.

La reunión se realizó con representantes de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Ministerio de Educación y del INADI (Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo) que integran la UCI. En este primer encuentro se establecieron los mecanismos para realizar un diagnóstico que permita identificar y establecer las etapas, plazos, y mecanismos de seguimiento y control para su cumplimiento.

En ese contexto, Alba Rueda, destacó que durante el encuentro se detallaron los procedimientos que resguardarán los principios de no discriminación, trato digno e igualitario y las acciones de articulación con las áreas de Recursos Humanos de los veinte ministerios nacionales “para que se lleven adelante con el respeto a la identidad de género, trato digno y evitando los mecanismos que condujeron a la desigualdad estructural de las personas trans”. 
También anunció que “se está desarrollando el registro de aspirantes trans para empleo público que inicia el camino del cupo trans”. El MMGyD, además, implementará acciones para la sensibilización y prevención de comportamientos discriminatorios a través de guías de actuación y capacitaciones específicas.

Por su parte, Laura Sirotzky, subsecretaria de Educación Social y Cultural del Ministerio de Educación remarcó que la población travesti trans suele tener bajos niveles de terminalidad de sus estudios. En sentido explicó: “La idea es pensar dispositivos de terminalidad y acompañamiento, no como requisito para el ingreso sino para que puedan empezar un trabajo en la Administración Pública y que el Estado acompañe en ese avance”.

Además, Mariano Boiero, subsecretario de Empleo Público de la Nación, destacó el trabajo transversal para garantizar la implementación del decreto: “Hemos hablado con las jurisdicciones y con los representantes de los gremios. Hay muy buena recepción de la medida y una voluntad manifiesta y declarada por parte de las asociaciones representantes de los trabajadores de acompañar y promover estas iniciativas”.

Finalmente, Ornella Infante, directora de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI, sostuvo que la construcción de un  Plan de Implementación “refleja que hay funcionarios y funcionarias que están formados y formadas en identidad de género y que dimensionan la importancia del cumplimiento de este decreto”. También reafirmó: “Las personas trans somos parte del gobierno y las responsables de la aplicación de este decreto, que viene de años de demanda de las organizaciones políticas.”

Los personas que integran la UCI se comprometieron a garantizar todos los procedimientos para la implementación de lo establecido en el decreto, que además del mínimo de cupo determina asegurar los espacios de educación necesarios que se requieran para completar los estudios obligatorios, así como la capacitación para el empleo y formación laboral.

Además, entre sus funciones, la UCI promoverá el acompañamiento para la permanencia en el empleo de las personas travestis, transexuales y/o transgénero; la coordinación de participación de las entidades gremiales con representación en el Sector Público Nacional  y de las organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia.

En el encuentro que se realizó en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación también estuvieron presentes María Celeste Adamoli, directora de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI del Ministerio de Educación; Demián Zayat, director de Asistencia a la Víctima del INADI y Mauro Ariel Palumbo, director nacional de Relaciones Laborales y Análisis Normativo, de la secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros y Ministras.