Dos veterinarios fueron acusados este miércoles de administrar y entregar vacunas caninas contra el coronavirus a unas 75 personas en la ciudad chilena de Calama, en el norte de ese país. Así lo informó la Secretaría de Salud (Seremi) de la región de Antofagasta.

Durante el control realizado en septiembre pasado a una clínica veterinaria de Calama (unos 1.400 kilómetros al norte de Santiago) se descubrió que allí los trabajadores atendían sin mascarillas ya que aseguraban que habían sido vacunados contra el coronavirus por la veterinaria M.F.M.

En esta ciudad, un médico veterinario de iniciales C.P.C. redactó un informe titulado “Inmunización cruzada. Vacuna coronavirosis canina como tratamiento preventivo, en seres humanos con riesgo de contagio y desarrollar la enfermedad por coronavirus COVID-19”.

En este texto, el médico habría asegurado que en Argentina ocurrieron casos exitosos de tratamiento contra el coronavirus gracias a la vacuna óctuple, lo cual no es real.

De todas maneras, el médico insistió en su idea, y distribuyó el falso estudio entre un grupo de veterinarios de Calama. Luego el profesional se habría vacunado él mismo con el medicamento para poner a prueba sus ideas, y “para generar anticuerpos” en su organismo.

Tras esta decisión del médico veterinario, los principales antecedentes llegaron a manos de las autoridades sanitarias, quienes rápidamente llevaron a cabo un sumario para identificar el origen de este caso. Según las primeras conclusiones de esta investigación realizada por la autoridad, el médico “proporcionó vacunas a personas interesadas”.

“C.P.C. declara pertenencia, elaboración y difusión de documento mencionado que se inmunizó con coronavirus canino. Además, indica que proporcionó vacunas a personas interesadas en inmunización cruzada, pero que no aplicó vacunas”, sostiene la investigación realizada por la Seremi.

La investigación sanitaria impuso una multa contra el médico de 180 UTM, es decir, 13.331 dólares aproximadamente. La misma fue por incumplimiento grave de normas sanitarias al ejercer ilegalmente la profesión de médico cirujano, y por formular pronósticos de manera indirecta. No obstante, el profesional habría apelado en contra de esta medida.