La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó hoy el procesamiento de 22 personas, entre las que se encuentra el juez federal 1 de esa provincia Walter Bento, acusadas del pago de coimas a cambio de beneficios procesales, mientras suspendió a la empleada judicial y esposa del magistrado, también investigada por enriquecimiento ilícito

Fuentes judiciales informaron a Télam que el fallo de los camaristas Manuel Alberto Pizarro, Gustavo Castiñeira de Dios y Alfredo Manuel Porras, también dispuso un embargo sobre bienes y millonarias sumas de dinero, por distintos montos, para cada uno de los imputados.

Sin embargo, Bento (58), a quien la justicia le embargó una suma de 177.610.000 pesos a fines de julio pasado, sigue en funciones dado que el Consejo de la Magistratura aún no definió su situación y hasta tiene competencia electoral.

En el caso de Marta Boiza, esposa de Bento, la Cámara suspendió su función de empleada judicial sin goce de haberes con carácter de medida cautelar.

Las imputaciones habían sido dictadas por el juez federal mendocino Eduardo Puigdéngolas, luego de que Bento fue acusado en mayo pasado por los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y seis hechos de cohecho pasivo.

Entre los procesados se encuentran los abogados Jaime Alba, Luciano Ortego, Martín Ríos y Matías Aramayo; estos últimos dos en calidad de arrepentidos.

Además, se encuentran imputados y con prisión preventiva el comisario Gabriel Moschetti y Walter Bardinella Donoso, acusado de delitos vinculados a las drogas y contrabando, y cuyo teléfono permitió conocer el entramado de los presuntos arreglos para sacar presos a cambio del pago de miles de dólares.

La investigación se inició luego de que la Fiscalía Federal 2 de Mendoza remitió para su investigación el peritaje de dicho teléfono en el que aparecían mensajes con un abogado que daban cuenta de la existencia de maniobras judiciales irregulares sobre la liberación de personas detenidas a disposición del juez Bento.

A partir de allí, se inició la pesquisa sobre los abonados mencionados en el peritaje, del que surgieron numerosos mensajes de texto y de voz en los que se aludía al “juez”, al “número 1” o al “gran jefe”, en supuesta referencia al magistrado ahora procesado.

Para los investigadores Bento formaba parte de una banda que operaba con un grupo compuesto por abogados e intermediarios, entre ellos el exdespachante de aduana Diego Aliaga, secuestrado y asesinado hace un año, hecho del cual surgió la investigación inicial.


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