La diputada nacional cuestionó la estrategia de vacunación y la demora en adecuar la legislación para traer más dosis al país, y acceder a las que corresponden por el Fondo Covax y donaciones directas.

Tras conocerse que el contrato que firmaría el Gobierno con Moderna garantiza la provisión de vacunas recién para 2022, la diputada Claudia Najul -quien promovió el cambio de la ley en el Congreso para la llegada de vacunas aptas para menores de 18 años-, apuntó con dureza al Gobierno Nacional.

“Cambiaron el DNU 24 horas después de negarse a modificar la ley, ¿para qué? Para que dentro de seis o nueve meses lleguen las vacunas de Moderna, mientras tanto los niños, niñas y adolescentes con enfermedades prevalentes llevarán en ese entonces dos años encerrados con sus familias en un estado de angustia absoluto, todo lo hará un Gobierno que desechó la provisión de vacunas de Pfizer que podrían estar hace meses protegiéndolos. Por la inoperancia de este Gobierno estos niños y niñas estarán dos años encerrados”, opinó Najul.

En el Congreso, Najul encabezó la presentación de pedidos de informe a los ministros Vizzotti y Cafiero, “no sólo nos preocupa que siguen aplazando fechas cuando hay urgencias, también que acuerdan compra de vacunas que aún no autorizó Anmat, esa es la situación de Moderna por ejemplo. Podrían avanzar con los estudios técnicos y trámites administrativos, pero no lo hacen y se toman tiempos que no pueden esperar los chicos y chicas con enfermedades oncológicas o crónicas”, sentenció la legisladora mendocina.

El pedido de informes de la secretaría de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados apunta también al mecanismo Covax, herramienta promovida por la Organización Mundial de la Salud a través de la cual podrían llegar vacunas de Pfizer, las únicas autorizadas por el momento para atender a los menores de 18 años.

“La realidad de los más de 100 mil chicos que están hace un año y medio encerrados esperando vacunas que se puedan aplicar a niños y adolescentes, ya no es solo un tema de salud pública sino de derechos humanos. Hace seis meses podrían estar vacunados pero la impericia del Gobierno los mantiene encerrados y a sus familias en estado de alarma y angustia permanente”, concluyó la autora de los pedidos de informe.


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