Son sólo una parte pequeña del Poder judicial, pero los de Comodoro Py se han vuelto los más visibles. Allí transitaron toda clase de irregularidades durante el gobierno anterior, de las cuales Claudio Bonadío fue el ejemplo más pleno. Sí, ese hijo dilecto de Menem y Corach que fue Bonadío. Porque hubo evidentes “parecidos de familia” entre menemismo y macrismo: por ej., fue Menem, con su Corte del voto automático, quien salvó de la condena y de la cárcel a Mauricio Macri, cuando este ya tenía sentencia en instancias previas por contrabando de automóviles.

Por Roberto Follari, Especial para Jornada

  Durante la dictadura, la mayoría de la población creyó que los actos de represión se habían hecho legalmente: fue imprescindible todo el desarrollo de los juicios para que un sector importante de la sociedad argentina –que está lejos de ser la totalidad- entendiera que los extremos ilegales que se habían cometido, todos “made in Washington”, efectivamente habían existido. Antes se creía mayoritariamente en que “somos derechos y humanos”, en una etérea “campaña antiargentina” orquestada desde el exterior, en que los desaparecidos en verdad estaban vivos y andaban paseando alegremente por Europa.

  Es que el secretismo hacía difícil entender los procedimientos de secuestros, torturas y asesinatos, a pesar de que se hicieron masiva y repetidamente. Ahora pasaron aquellos procedimientos de dictadura según la “doctrina de seguridad nacional”, y Estados Unidos sigue aplicando su geopolítica férrea sobre Latinoamérica, pero ahora sus mecanismos son otros.

  Por algunos años probaron con la democracia tutelada, pero no les fue bien: a comienzos del siglo XXI aparecieron en diversos países gobiernos que optaron por los intereses de sus pueblos, y no por los de las multinacionales patrocinadas por Estados Unidos. Entonces se inventó el lawfare: ésta es la nueva forma de intervención. Por suerte ya no con represión sangrienta, pero siempre con mano férrea, disimulo y acciones encubiertas.

  Eso fue la célebre “mesa judicial”, de la cual hay repetidos testimonios de cómo apretaba, amenazaba, destituía jueces y fiscales. Hasta Angelici formaba parte, dejando claro que para estar allí, había que ser de confianza del más alto nivel. La causa de Dolores primero, la de Lomas de Zamora después, empezaron a mostrar estos mecanismos. Y muchas denuncias de procesados en falso, de varios jueces perseguidos, alguno de los cuales (Fara) ha tenido que ser restituido a su cargo.

  Pero la cuestión es inentendible para la población que, así como creía que los muertos caminaban por París, cree ahora que cualquier investigación al Poder judicial es una intromisión para sostener impunidades. Sólo cuando todos los procedimientos salgan a luz, y además se publiciten repetida y masivamente, quizá el lawfare se haga socialmente evidente.

  Así fue contra Lula, y acaba de decirse oficialmente –no por el gobierno de Bolsonaro, claro, sino judicialmente- que fue todo farsa y persecución contra ese ex presidente que surgió desde abajo, pobre, nordestino y sindicalista. A Correa se lo ha perseguido a límites inenarrables, con el ruido mediático y el acoso judicial del caso: igual aquí con Cristina Fernández de Kirchner. Para el que no vive pensando en política, que es el 90% de la población, es difícil entender la cuestión: se suele creer que los tres presidentes igualmente perseguidos, lo son porque ellos habrían delinquido.

  Pero claro, van apareciendo situaciones. Stornelli, procesado y en rebeldía ante el mismo poder judicial, ex empleado de Macri en Boca Juniors. Irurzun, que sostuvo que había que mandar presos a los opositores al macrismo, sin condena y ni siquiera juicio. Hornos, que ahora tiene acción judicial porque iba asiduamente a la Casa Rosada, obviamente por fuera de cualquier noción de independencia judicial.

  Esta semana el juez Riggi devolvió el material de la causa donde constan las llamadas entre la mesa judicial y miembros de la Corte, además de periodistas, espías, fiscales y jueces. Lo tuvo que devolver: se le iniciaba juicio en el Consejo de la Magistratura. Y así aflojó.

  La Cámara le quitó la causa al juez de Lomas de Zamora, para seguirla en Comodoro Py. Cristina Kirchner pidió reconsiderarlo: mientras se decide de fondo, este expediente en  que están incursos decenas de personajes del macrismo con Arribas y Magdalani a la cabeza, se tuvo que devolver a su juzgado inicial.

  Algo parece moverse en la estructura del lawfare, el cual descaradamente ha seguido desarrollándose por miembros del poder judicial, aún asumido el gobierno de Alberto Fernández, y obviamente en contra del mismo. Empieza a sentirse la impaciencia de un sector importante de la sociedad argentina. La decisión de la AFIP, de hacer que quienes iniciaron trámite de jubilación lo sigan o lo dejen, va en la misma dirección: se habrá acabado el recurso de hacer arbitrariedades, y al ser descubierto pedir jubilarse de apuro, con el trámite ya iniciado. Una facilidad menos, en la búsqueda de retomar un poder judicial donde no existan operaciones mezcladas con espías, políticos y efectores de la tv.

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