Además pidieron la “realización de una auditoría específica” para determinar si hubo perjuicio al Estado.
El Banco Central (BCRA), por pedido de su presidente Miguel Ángel Pesce, presentó ante distintos organismos documentación vinculada con los acuerdos firmados por la Argentina con el FMI en 2018 para que evalúe las “responsabilidades de los funcionarios que actuaron oportunamente”, y pidió “la realización de una auditoría específica” para determinar si hubo perjuicio al Estado, informó hoy la autoridad monetaria.
La entidad monetaria dio a conocer el pedido minutos después de que finalizara el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, en la que anunció que impulsará una “querella criminal” para investigar posibles delitos en el endeudamiento que tomó Mauricio Macri.
La documentación aportada ante la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Oficina Anticorrupción (OA) incluye el informe sobre las actuaciones tramitadas en el exMinisterio de Hacienda y el Informe de “Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015 – 2019”, además de las actuaciones administrativas referenciadas y de varios expedientes tramitados en el BCRA.
En el pedido de investigación se sostuvo que en los expedientes que dieron origen a los dos acuerdos firmados por la administración de Mauricio Macri con el FMI “resultarían incumplimientos a los procedimientos establecidos en diversas leyes para la constitución de deuda pública externa, así como la violación de obligaciones asumidas con el FMI”.
Al respecto, el BCRA sostuvo que en el primer acuerdo firmado con el Fondo surge la “ausencia de dictamen jurídico previo” a la firma de la Carta de Intención y los Memorándums de Política Económica y Financiera y de Entendimiento Técnico, que luego “se intentó subsanar con un dictamen que se limitó a analizar si el exMinisterio de Hacienda se encontraba facultado para suscribir y cursar las misivas al Organismo Internacional, de acuerdo al rol que le asigna el artículo V, sección I del Convenio Constitutivo de ese Organismo”.
Según el Banco Central, el dictamen posterior a la firma “no se pronuncia sobre las cuestiones medulares” que hacen referencia a “si el Poder Ejecutivo y en especial el Ex Ministerio de Hacienda, era competente para decidir y formalizar una operación de crédito público de esas características”.
“En el segundo acuerdo con el FMI se incorporó el dictamen previo, pero sin entrar a considerar si, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, los órganos que decidieron su ampliación y tales modificaciones, estaban facultados para tomar dicha decisión”, afirmó el BCRA en un comunicado.
Por otra parte, el Informe “Mercado de cambios, deuda y formación de Activos externos 2015-2019”, elaborado en marzo de 2020 concluyó que entre mayo de 2018 y octubre de 2019 el FMI desembolsó cerca de US$ 44.500 millones, fondos que junto a las reservas internacionales “abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los USD 45,1 mil millones”.
Al respecto, el articulo VI del Convenio Constitutivo del FMI aprobado por la República Argentina por Ley 21.648 dice que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”.
“La administración de Macri no cumplió y recién tomó medidas de contención de dicha fuga en octubre de 2019, permitiendo una salida de divisas, cuantitativamente muy importante”, aseguró el BCRA.