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Pymes pidieron al Gobierno no pagar alquileres ni servicios hasta octubre

03/06/2020 08:18

El Movimiento Mopyme asegura que hay 100.000 empresas en situación crítica y reclaman medidas para modificar la cuarentena por la pandemia de coronavirus y sostener la actividad 

A través de cartas dirigidas al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Fernández y al titular de la cámara de Diputados, Sergio Massa, el Movimiento de Pequeñas y Medianas Empresas (Mopyme) pidió suspender el cobro de alquileres y de servicios para “garantizar la supervivencia” de los comercios.

También reclamaron que se suspendan los pedidos de quiebra y que por un año, queden frenados los juicios laborales, como parte del paquete para considerar la situación crítica de la actividad comercial.

En el caso de los alquileres, indicaron que se excluirá de la suspensión de pago a ” aquellos propietarios que acrediten debidamente que dependen de esa renta para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar”.

“Los alquileres son, junto con los salarios, el costo más significativo que debe afrontar cualquier emprendimiento y hoy son impagables”, indicó el titular del Mopyme, Cristian Caram. “El Estado no puede reemplazar al sector privado durante un período prolongado como el que se va a necesitar”, afirmó  Caram.

Según planteó, “muchas empresas o actividades comerciales ya hayan cerrado o estén en vías de hacerlo. Se calcula que son 100.000 las empresas que están en esa situación” a partir del relevamiento del Movimiento que nuclea a micro, pequeñas, medianas empresas, profesionales, comerciantes y  trabajadores independientes y autónomos, lo que se denomina el “ecosistema PyME”.

Cuatro medidas para salvar a las pymes

 El Movimiento planteó cuatro puntos centrales para sostener a los sectores que tienen dificultades, excluyendo a las actividades exceptuadas

  • La suspensión total del pago de alquileres de los inmuebles destinados a uso comercial hasta el 30 de septiembre. 
  • La eximición total de pago del pago de servicios públicos (electricidad, gas y agua) hasta el 30 de septiembre. Aseguran que ni siquiera puedan afrontar los cargos fijos 
  • Un paraguas a los pedidos de quiebras por parte de cualquier tipo de acreedor, durante un año
  • La suspensión por un año de la ejecución de cualquier sentencia por juicios laborales
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