Autoridades del Ministerio de Economía y Energía dieron detalles del avance de la reglamentación de una ley única en el país, que promueve el desarrollo industrial del cannabis medicinal por parte de privados. El Gobernador Rodolfo Suárez estuvo presente de forma virtual.
El Gobernador Rodolfo Suárez y autoridades del Ministerio de Economía y Energía participaron de la presentación de la Cámara Empresaria de Cannabis Medicinal, una entidad constituida en la provincia que tiene como fin contribuir a la producción, industrialización, investigación, comercialización y exportación de esta planta con fines medicinales.
Más de 1.500 personas se unieron de forma remota al encuentro, que es uno de los pasos fundamentales para implementar en su totalidad una ley pionera en Argentina que apunta a que Mendoza sea un polo productivo como California, Uruguay o Canadá.
“En febrero de 2020, el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, nos transmitió el pedido del Gobernador Suárez de implementar un programa para insertar a la provincia en la cadena de valor de la producción”, contó Marcelo Japaz, coordinador general del Ministerio y uno de los expositores de este encuentro.
En ese sentido, Japaz destacó por qué Mendoza es pionera. “Encontramos que la Ley Nacional 27350 no logró desarrollar la industria y por diversos motivos, solo hay emprendimientos embrionarios en manos del Estado en Jujuy, Catamarca, San Juan y Misiones”.
Mendoza, en cambio, se planteó otro desafío: generar una industria de la que pudieran participar privados, que generara puestos de trabajo y que creara una nueva actividad con fuertes regulaciones, pero abierta al crecimiento económico y a las exportaciones.
“En ese momento, se nos acercó el diputado José María Videla e iniciamos una muy buena tarea de coordinación con el Poder Legislativo, que acabó dando forma a esta ley mendocina que apoyaron todos los partidos”, contó Japaz, recordando que la Ley 9298 impulsada por Videla en conjunto con el Gobierno de Mendoza es la que permitirá el desarrollo del cannabis medicinal como industria local.
“Desde nuestra visión, deben ser inversores privados con estricto marco regulatorio los que desarrollen esta industria. El rol del Estado será de regulación”, detalló Japaz.
“Para reglamentar esta ley, estudiamos experiencias regulatorias exitosas, como las de Canadá, el Estado de California (EEUU), Colorado (EEUU) y Uruguay”, explicó Japaz. “Queremos fortalecer la visión de un entorno regulado con trazabilidad y legalidad”.
“Por eso, el hecho de que exista esta agrupación es motivo de celebración y es un desafío”, afirmó.
Virginia Coraglia, responsable de la Unidad de Control de Cannabis del Ministerio de Economía y Energía, relató cómo han sido los pasos para dar un marco de investigación y regulación que aporte claridad y trazabilidad a esta nueva industria.
Coraglia, quien también estuvo en la mesa de preguntas para el público que se unió al encuentro, contó que establecer un marco regulatorio “no fue sencillo” y que se sigue trabajando codo a codo con instituciones como el INTA, la UNCuyo y el CONICET para que las regulaciones, condiciones y toda la cadena de elaboración sean claras, transparentes y controladas.
“Ser pioneros representa un riesgo y a la vez una oportunidad”, remarcó la abogada a cargo de esta unidad. “El desafío es articular la esfera público-privada, pero sobre todo, articular la actividad económica garantizando el acceso a la salud de todos los mendocinos y mendocinas”, afirmó.
El puntapié inicial
Este encuentro es un paso más de un largo camino que emprende Mendoza para lograr que el complejo entramado de la producción de cannabis medicinal funcione con total transparencia, garantizando el acceso a la salud de todos los que necesiten de sus derivados como paliativo y como control de afecciones como la epilepsia.
“Esta una lucha que empezó hace mucho tiempo, por personas que tenían dolores crónicos y necesitaban paliativo y madres luchando por una mejor calidad de vida para sus hijos”, contó en este encuentro José María Videla, el diputado impulsor de la ley mendocina. “Todas esas personas no podían acceder a los derivados del cannabis, una planta estigmatizada”.
“Estamos siendo pioneros, parte de una nueva historia productiva privada. Más salud, más trabajo, más libertad”, enfatizó el legislador.
Por su parte Ricardo Córica, presidente de la flamante Cámara de Empresarios de Cannabis Mendoza, aseguró en la presentación de este encuentro que el objetivo es reunir a todos los interesados en lanzar sus emprendimientos.
“Mendoza hace una política inédita en esta materia”, aseguró Córica. “El Gobierno y la oposición, de forma conjunta, decidieron adherir a la Ley Nacional, pero a diferencia del resto del país, ofreció a los privados la participación de esta iniciativa en toda su cadena de valor”.
“Estas acciones marcan un hecho histórico, ya que Mendoza entiende la actividad como una generadora de riqueza con un gran potencial. Con esa mirada conformamos cámara que nos representa”, contó Córica, quien además afirmó que la Cámara ya tiene un instituto de investigación agrotécnica.
“La matriz productiva de la que Mendoza vive desde el siglo XX está agotada. Esta es una gran oportunidad de renovarla si se hacen las cosas bien. Hay que considerar que el agro representa el 4,5% del PBG provincial, y con la cannabicultura esa tasa puede llegar a duplicarse en apenas cinco años”, aseguró Córica, quien dijo que cada hectárea de cultivo intensivo genera 16 puestos de trabajo.
“La demanda puede ser infinita. Sólo Canadá creció 120% en un año como productor “indoor” y tiene todo vendido”, contó Córica.
“Mendoza tiene ubicación geográfica que permite superar al llamado “Triángulo de esmeralda” (la mayor productora de cannabis en California).
“Tenemos conocimiento en técnicas de riego, baja humedad, amplitud lumínica y ausencia de plagas que atacan a este cultivo”, detalló.
De este primer encuentro también participaron representantes de la UNCuyo, el representante de una familia que contó su testimonio de autocultivo para paliar los dolores crónicos de una madre y su ayuda a madres con niños que tienen epilepsia refractaria; representantes del CRICYT, del CONICET y de municipios.