El Gobierno apoyó con “fuerza” el trabajo realizado por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet.

El Gobierno argentino votó hoy a favor del informe presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el marco de la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se desarrolló en Ginebra.

La votación formó parte de la sesión regular número 45 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, y contó con 22 votos favorables, 22 abstenciones y 3 votos en contra (Eritrea, Filipinas, y la propia Venezuela).

Más temprano, la Cancillería argentina había adelantado en un comunicado que el Gobierno argentino iba a “valorar y apoyar con fuerza” el trabajo realizado por Bachelet.

En su discurso, el embajador argentino ante los organismos internacionales en Ginebra, Federico Villegas, aseguró que el proyecto de resolución aprobado “contempla mecanismos de protección esenciales para contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela”.

Asimismo, Argentina instó al gobierno de Nicolás Maduro a “cooperar plenamente con el Consejo y con todos sus mecanismos y a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada”.

El embajador Villegas también instó al gobierno de Caracas a que “conduzca investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones de derechos humanos, lleve a los perpetradores a la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas”.

El diplomático aseguró que “Argentina está preocupada por la situación de los derechos humanos y por la crisis política económica y humanitaria que padece Venezuela, agravada por el incremento de las sanciones económicas y financieras y por la pandemia del Covid-19”.

“Hubiéramos preferido un solo proyecto de resolución sobre este asunto, con el activo involucramiento del país concernido”, indicó el representante argentino.

Asimismo, advirtió que “la adopción de resoluciones sobre situaciones en países que no cuentan con la cooperación de sus gobiernos conducen a que la posterior puesta en práctica de este tipo de resoluciones resulte problemática y no coadyuve a fortalecer la capacidad del Estado para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos”.