Andrea Disparte, Presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, sostuvo en el programa “Pulso Urbano” que se emite por Radio Jornada (91.9) que “en cuarentena la justicia civil y de familia no funciona” y que la consecuencia de esto es que “el justiciable que espera una sentencia no la va a tener porque no se pueden realizar audiencias ni los profesionales pueden ir a Tribunales, quedando los expedientes paralizados”.

Abogados civiles y de familia aseguran que esos fueros no están funcionando durante la cuarentena obligatoria como dice afirmar el Gobierno. Frente a un caso de despido o incumplimiento de pago de alimentos, las y los damnificados no pueden defenderse ya que los letrados no pueden presentar recursos ante la Justicia porque no tienen permiso para circular, no están digitalizados y las respuestas de los jueces a casos urgentes no son rápidas. Aseguran que cuando el aislamiento social se levante, “lloverán las demandas”, porque detrás de cada reclamo “hay un problema humano”.

Andrea Disparte

En un comunicado emitido por La Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza explica que; “se ve en la necesidad de hacer algunas aclaraciones ante versiones periodísticas sobre el funcionamiento del sistema MEED del Poder Judicial de la provincia de Mendoza. Esto, en razón que los abogados únicamente pueden presentar en la actualidad, por aquel sistema, las excepcionales y limitadas cuestiones que ha autorizado la Suprema Corte de Justicia de Mendoza mediante las Acordadas N° 29.501, N° 29.508 y N° 29.511. Más allá de los beneficios y esfuerzos realizados por el Poder Judicial al haber generado el sistema MEED, lo cierto es que no está probado que el sistema mencionado esté funcionando correctamente en su totalidad pues, por ejemplo, en varios casos los escritos remitidos por esa vía no llegan a los tribunales que deben proveerlos”.

“Por lo tanto- prosigue la misiva – no es certero decir que se pueda trabajar con normalidad y, la realidad es que la justicia está paralizada en su mayoría. Es por ello que nos vemos obligados a aclarar e informar cuál es la situación real de la justicia mendocina, en razón que esta clase de informaciones generan gran confusión y malestar entre los ciudadanos y los abogados y procuradores, quienes nos encontramos impedidos de realizar nuestra actividad profesional de manera plena, más allá de las excepcionales cuestiones habilitadas y enumeradas por las Acordadas mencionadas. Los abogados y procuradores estamos impedidos, al igual que el resto de la población en general, de concurrir incluso a nuestros estudios jurídicos a fin de acceder a los legajos, computadoras, y material bibliográfico necesario, por lo que se ha solicitado en reiteradas oportunidades a la Suprema Corte de Justicia la autorización para circular a dichos fines, sin respuesta alguna a la fecha”.



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