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Roberto Suarez rsuarez@jornadaonline.com.ar Miercoles, 8 de Agosto de 2018

En el centro de la escena

El mes de agosto llegó con una tormenta de aumentos en varios sectores.

El nuevo cuadro tarifario para las empresas de distribución eléctrica será la consecuencia de una nueva reducción de subsidios económicos en el marco del fuerte ajuste fiscal que impulsa la administración de Mauricio Macri.

Esta suba no sólo tiene impacto en los porteños y bonaerenses, sino que la variación del precio de la energía eléctrica depende de la zona del país en la que viva cada usuario. En las provincias son los gobiernos regionales, que controlan a las empresas distribuidoras, los que deciden el porcentaje de ajuste de tarifas de la distribución eléctrica.
El servicio de electricidad tiene tres componentes: generación, transporte y distribución. Los dos últimos ya llegaron al precio pleno y, en teoría, sólo deben ser ajustados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el INDEC.
Pero lo que enciende más el fuego de la inflación es el aumento de los combustibles, uno en julio y ahora otro en agosto que se traslada a los fletes y luego a las góndolas.
La inflación afecta en muy diversos aspectos a las sociedades que la padecen. Provoca permanentes tensiones entre empleados y empleadores debido a la frecuente e inevitable puja salarial. Genera recelo y resentimiento de los consumidores hacia los comerciantes y empresarios, ya que la gran mayoría de los ciudadanos comunes suponen que la remarcación de los precios es un abuso inaceptable de quienes venden. La inflación deteriora el ahorro e impulsa a gastar más rápidamente. También genera prácticas reprobables, porque pueden obtener ganancias aquellos que saben aprovecharse de la inflación en los mercados financieros a costa de los que no saben hacerlo.
Pero lo cierto es que la cuestión inflacionaria está siempre en el centro de la escena argentina. Es una discusión que todavía no tiene respuestas contundentes. Es un proceso que llegó a convertirse en un dolor de cabeza permanente.
No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. El refrán, nacido de la profunda experiencia popular, hace justicia a la usual estrategia del gobierno para enfrentar las contrariedades de la vida cotidiana que ponen en jaque su discurso. Así, con el reconocimiento oficial pero sin buscar la solución, el más palpable de los problemas que sufren los argentinos se escurre, preocupante, hacia sus bolsillos.
La inflación terminará el año en el límite máximo acordado con el FMI.
El Gobierno acordó con el organismo un objetivo máximo de 32% para 2018. La inflación doméstica ya alcanza el umbral de 30% anual, pero prevén un mayor traslado a precios de la devaluación.
El ritmo de aumento de precios ya duplica lo establecido por el propio Gobierno apenas al finalizar 2017. El histórico 28 de diciembre, el ministro Nicolás Dujovne anunció la "recalibración" a 15% de la meta anual. El ascenso del dólar y los nuevos aumentos de precios regulados derribaron en poco tiempo ese objetivo. Y el nuevo, con una límite máximo de 32% de inflación para 2018 acordado con el FMI vuelve a estar en riesgo de incumplimiento, cuando el incremento de precios acumuló 29,5% en los últimos 12 meses.
Si la inflación de este año supera el 32%, límite del stand by con el Fondo, habrá que renegociar con el directorio del organismo para definir políticas con este prestamista de última instancia.
El Gobierno intenta corregir el atraso tarifario y cambiario, pero la inflación se acelera.
El objetivo de controlarla quedó fuera de alcance: si el 2018 concluye con un alza de precios promedio de 30%, en tres años de gestión macrista habrá acumulado un 127%, una tasa similar a los tres años precedentes (2012-2015), durante la presidencia de Cristina Kirchner.


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