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Roberto Suarez rsuarez@jornadaonline.com.ar Martes, 12 de Diciembre de 2017

Dura realidad

En dos años el gobierno de Mauricio Macri intentó crear infraestructuras imprescindibles para relanzar la economía nacional, reordenar y racionalizar la maraña de medidas asistenciales dirigidas a paliar la gravísima situación de pobreza y marginación social.

Martes, 12 de Diciembre de 2017

Se destaca la reforma del sistema impositivo hacia una mayor equidad y progresividad, puesta en marcha de políticas activas y pasivas de empleo sobre presupuestos y objetivos realistas y, por supuesto, la reducción de la inflación a cifras de un dígito.

Pero sigue siendo la inflación un pesado problema del Gobierno nacional, como también lo es la pobreza.

Los últimos datos son contundentes y no dejan lugar a dudas: más allá de los signos optimistas del Gobierno sobre la mejora en la economía, el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina muestra que el 31,4% de los argentinos vive actualmente en una situación de pobreza, lo que representa unos 13,5 millones de personas.

Este informe, que toma datos bajo una nueva metodología de medición mucho más sofisticada y profunda que la del INDEC, revela también que hay un 5,9% de personas en situación de indigencia. Esto equivale a cerca de 2,5 millones de argentinos. El informe de la UCA afirma que el 48% de la población que vive bajo la línea de pobreza son niños de entre 0 y 14 años. Algo tremendo, que nos pega a todos de frente.

“Los brotes verdes aparecieron. Repuntó el empleo en segmentos como la construcción, gracias a la obra pública, y hubo una caída de la inflación y una mejora de los ingresos. A eso se sumó la reparación histórica para los jubilados, entre otras medidas”, reconoce el informe. Pero lo cierto es que en la medición de la UCA, como también explicaron los expertos de Unicef meses atrás, hay una “espuma” de la pobreza que entra y sale constantemente de esa situación por leves cambios en los ingresos o en la inflación. Tal situación indica que no hay en los últimos años, más allá del gobierno de turno, cambios significativos en los indicadores.

En la Argentina la inflación, desde los años cincuenta, ha devenido en endemia.

Mientras se espera que en las próximas horas se conozcan los números de la inflación de noviembre, que rondaría el 1,5 por ciento, ya vaticinan que el costo de vida de este mes cerraría en un 2 por ciento o un poco más, empujado por los últimos aumentos, principalmente, de las tarifas de luz y gas y de los combustibles.

Como se sabe, además, el último mes del año ya viene cargado en su nivel de precios por las fiestas, el comienzo de las vacaciones de verano y el medio aguinaldo.

La lucha de todos contra todos en la puja distributiva por el ingreso se convierte en el motor inflacionario más eficaz, al tiempo que pocos resultan beneficiados y los más se ven forzados a padecer las consecuencias.

Hay que abordar el problema inflacionario incorporando las diversas variables en juego, a un proceso de negociación articulada entre todos los actores económicos, sociales y políticos. Negociación en que cabe casi todo, política impositiva, estabilidad presupuestaria, inversión pública y privada, políticas de competencia, sociales y de empleo, negociación colectiva, etc.

Por eso se hace cada vez más necesario en la Argentina algo que venimos señalando desde hace varios años, la necesidad de constituir un Consejo Económico y Social, para desplegar la participación de los actores sociales y económicos y fortalecer la sinergia, en el tratamiento de los problemas del desarrollo del país, entre las esferas privada y pública.

Se hace preciso diseñar con claridad el sendero futuro de la política económica argentina y fortalecer la confianza para que podamos lograr bajar tan alto índice de pobreza.

 

 

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