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Política Revés Martes, 8 de Enero de 2019

La Justicia ratificó la constitucionalidad del nuevo protocolo de uso de armas de fuego

Un juez federal quien rechazó el recurso de amparo contra la iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación. 

Martes, 8 de Enero de 2019
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El juez federal de la ciudad de Junín (Provincia de Buenos Aires), Héctor Pedro Plou, rechazó el recurso de amparo presentado por la Asociación "Linqueños por los Derechos Humanos" contra el protocolo de uso de armas de fuego por parte de las fuerzas armadas. De esta manera reafirmó se constitucionalidad. 

En el fallo el magistrado indicó que "el funcionario público al que el Estado dota de un arma para cumplir sus funciones, si se encuentra obligado a usarla, no se defiende de una agresión ilegítima sino que cumple con su deber de hacer cesar una agresión o conjurar una situación de peligro, independientemente de que lo involucre personalmente".

Además sostuvo que la denuncia "es parcial, arbitraria e inexacta", debido a que "ignora aquellas disposiciones que contradicen su posición, aunque formen parte necesaria del articulado que cuestiona".

Sobre las especulaciones al respecto del futuro accionar de las fuerzas de seguridad, el magistrado entiende: "El reglamento respeta las recomendaciones del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su Resolución n° 34/169, ajustándose tanto a su letra como a su espíritu".

Luego explicó que al analizar el nuevo reglamento no logró advertir la contradicción con las normas supranacionales que ellos denuncian, y expresó que "el reglamento no contiene normas que afecten ilegítimamente los derechos a la vida y a la integridad física de los habitantes de nuestro país".

Alberto Sebastián Ghiorzi y Carolina Arrizabalaga, en representación de la Asociación "Linqueños por los Derechos Humanos",patrocinados por el abogado Gabriel Elías Eriberto Ganon, habían interpuesto una acción contra el Ministerio de Seguridad de la Nación y su titular, Patricia Bullrich, pidiendo que se declare inconstitucional e ilegal la Resolución N° 956/2018 que en su anexo estableció un reglamento general para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad.

Ante este fallo ahora los demandantes tendrán que pagar los honorarios del doctor Jeremías Mémoli, representante del ministerio de Seguridad. El pago, según lo fijado por la Justicia, será de 100 mil pesos.

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