La Justicia Federal de Mendoza condenó a penas de entre tres y siete años y medio de prisión a veintinueve integrantes de una banda dedicada a la confección y distribución de facturas truchas usadas para evadir el pago de tributos a la AFIP por un monto total de $222 millones de pesos.
Las maniobras dolosas -juzgadas bajo la figura de asociación ilícita y estafas reiteradas- comenzaron en 2008 y se extendieron hasta 2015, cuando la organización liderada por el contador Pablo Prete y su socio Sergio Delfino, fue desbaratada, precisaron fuentes judiciales.
Prete y Delfino, como líderes de la asociación ilícita, recibieron condenas de 7 años y medio, y 7 años de prisión, respectivamente.
El Tribunal Federal Oral Nº 2, integrado por María Paula Marisi, Alejandro Waldo Piña y Gretel Diamante, comenzó a ventilar el debate oral el año pasado, y ayer a través de una videoconferencia leyeron la sentencia.
Mendoza fue la base de esta organización fraudulenta, pero operaron sistemáticamente en delitos tipificados en la ley tributaria también en Buenos Aires, San Juan, Misiones, Neuquén y Chubut.
En su “modus operandi” la organización buscó a personas insolventes como “presta nombres”, y con sus datos los inscribieron como contribuyentes ante la Afip, creando los talonarios de facturas, e inscribiéndolos como integrantes de sociedades falsas.
Luego, de acuerdo a los voceros consultados, los estafadores “se cebaron” y empezaron a escanear tickets y facturas de contribuyentes reales, pero que adulteraban digitalmente y tenían intermediarios pertenecientes a la misma organización que las colocaban sistemáticamente en el mercado.
A ambos cabecillas, además de prisión, se les impuso una multa de 90 mil pesos, mientras que a Armando López y José Condeno Meli, considerados como “punteros” con relevancia dentro de la asociación ilícita, se los sentenció a 5 años de prisión.
Otros integrantes de la organización: Julian Bustelo, Alejandro Javier Fernández, Élida Mamy Rivas, Ramón Oscar Manrique, y Víctor Horacio Paz, recibieron una pena de 4 años y 3 meses de prisión.
A su vez, otros 20 imputados también fueron hallados culpables por el Tribunal y se les impuso la pena de 3 años y medio, la mínima para el delito que se les acusaba, por lo tanto son penas en suspenso, es decir que continuarán en libertad.
Entre ellos hay jubilados, amas de casa, docentes, empleados administrativos, comerciantes, y hasta un publicista. Muchos de ellos prestaron sus nombres para que se confeccionaran las facturas truchas, pero recibieron pagos por sus “servicios”.
Los magistrados además hicieron lugar al pedido solicitado por los fiscales Gloria André y Pablo Turano, por lo que ordenaron además el decomiso de tres inmuebles y dos automóviles, fruto de las operaciones fraudulentas.